Una firma por la justicia social: OXFAM
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México podría dejar de ser uno de los países con peor recaudacióin en América Latina y el Caribe si firma la declaración de Cartagena
Diego Merla López y Carlos Brown Solà
El 27 y 28 de julio de este año se realizó en Cartagena, Colombia, la 1ra Cumbre fiscal regional hacia una tributación global incluyente, sostenible y equitativa, convocada por los Gobiernos de Colombia, Brasil y Chile. Hay que decirlo con todas sus letras: es un hito histórico que esta cumbre haya sucedido. Que doce gobiernos latinoamericanos y caribeños se hayan reunido para crear un mecanismo interministerial regional que priorice la progresividad tributaria y reconozca la importancia de los principios de derechos humanos en la política fiscal es un logro sin precedentes.
El consenso entre las personas asistentes a la Cumbre fue que se sentó un importante antecedente que permitirá fortalecer la cooperación regional en materia fiscal en el largo plazo. Sin embargo, para que esto suceda es fundamental que se dé la potencia política necesaria a la plataforma en los años siguientes, para que sea un espacio de cooperación regional con peso propio.
Joseph Stiglitz, premio Nobel de Economía, puso sobre la mesa uno de los temas más relevantes, que fue recibido con mucho interés por los gobiernos asistentes: una visión crítica del acuerdo sobre tributación mínima global de las empresas multinacionales que la Organización para Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) ha impulsado. El mayor problema, según Stiglitz y otras personas expertas en la materia, es que dicho acuerdo supone muy pocos beneficios para los países de ingresos medios y bajos —como México y el resto de los países en la Cumbre— y les impide tomar medidas unilaterales.
A esto se suma que es muy improbable que Estados Unidos ratifique dicho acuerdo, dado el complejo panorama político que impera al interior de nuestro vecino del norte. En vista de que un acuerdo de esta naturaleza pierde toda la potencia si no cuenta con el respaldo del gobierno estadounidense, el escenario más probable hasta ahora es que la mayoría de los países se quede, por varios años, “como el perro de las dos tortas”: sin los pocos beneficios de un pacto imperfecto y sin la capacidad de aplicar medidas por cuenta propia.
Esta primera cumbre fiscal regional ofrece una alternativa a este impasse. La declaración de Cartagena dio pie al lanzamiento de una plataforma regional de cooperación tributaria en la que los países de la región podrán acordar posiciones de negociación unificadas que tengan mayor peso en las discusiones tributarias globales. Además, el secretariado técnico de la plataforma será asumido por la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), lo cual la dota de una inmensa solidez técnica y legitimidad política a nivel internacional.
Dos de los tres países convocantes —Colombia y Brasil— asumirán las primeras presidencias pro tempore de la plataforma regional. Ello implica que los dos años siguientes serán claves para llegar a posturas regionales robustas a favor de una tributación global más justa que realmente beneficie a los países de América Latina y el Caribe.
Es digno de celebrarse que México haya sido representado en la Cumbre por la Cancillería. Sin embargo, aún no está dentro de los ocho países que han firmado la declaración hasta ahora, tarea que corresponde a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Todos los países de la región, incluido México, tienen hasta el 28 de agosto del presente año para revisar y firmar tal posición.
Es crucial que la Secretaría de Hacienda firme y sea parte de la plataforma regional, pues todo apunta a que será un espacio fundamental para que nuestro país asuma un liderazgo regional de largo plazo en materia de fiscalidad progresiva. Ser parte de la plataforma permitiría al país tener una mayor influencia en el diseño de las políticas tributarias globales, especialmente en el marco de las discusiones sobre una posible convención tributaria en Naciones Unidas y sobre el antes mencionado acuerdo sobre tributación mínima global de las empresas multinacionales de la OCDE.
Confiamos en que la Secretaría de Hacienda sabrá ver el carácter histórico que esta oportunidad política representa. En el futuro, la firma que estampe el Dr. Rogelio Ramírez de la O en la declaración puede posibilitar un mayor margen de maniobra para el gobierno mexicano, dado el potencial de recursos públicos adicionales que tanta falta le hacen a nuestro país. Estos recursos deben contribuir a consolidar el pleno ejercicio de derechos, el desarrollo sostenible de México, el combate efectivo a la pobreza y la reducción de las brechas de desigualdades.
La oportunidad política está ahí. Solo se necesita una firma.
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Las opiniones aquí plasmadas son responsabilidad de quien las escribe, no necesariamente reflejan la ideología del medio.
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