Privilegios fiscales ¿continuarán con AMLO?: Fundar
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Redacción: Pixel Media 4.0
Ciudad de México (comunicado).- Las amnistías fiscales implementadas por los últimos gobiernos han beneficiado principalmente a los grandes contribuyentes y fomentado la evasión fiscal, además de significar costos muy altos para nuestras finanzas públicas y no contar con mecanismos de transparencia y rendición de cuentas. Si bien estas medidas contribuyeron a aumentar la recaudación de impuestos, ha quedado demostrado que no son políticas efectivas para regularizar la situación fiscal de los contribuyentes.
En días recientes, Arturo Herrera, el futuro subsecretario de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, declaró que el próximo gobierno no descarta la posibilidad de implementar una amnistía fiscal en 2019, una práctica que ocurrió en los primeros años de las administraciones de Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto. Dicha declaración contradice lo manifestado por Alfonso Romo, próximo jefe de la Oficina de la Presidencia, quien el mes pasado negó que existiera un plan para perdonar impuestos.
En 2013, gracias al programa “Ponte al Corriente”, un total de 41 mil 399 personas morales fueron beneficiadas y dejaron de pagar 159 mil 620 millones de pesos. Sin embargo, sólo 36 empresas concentraron el 50 % de las condonaciones autorizadas, es decir, más de 80 mil millones de pesos. Lo perdonado a estas 36 empresas representó el 0.5% del PIB de ese año, cuando la economía mexicana creció tan solo el 1.4%.
Estas experiencias previas demostraron que las amnistías han beneficiado a los mismos grandes contribuyentes, quienes se han acostumbrado a que en cada inicio de sexenio se les perdonen impuestos. También en 2013, a un grupo de 15 contribuyentes que ya habían sido beneficiados en 2007, y a quienes el Servicio de Administración Tributaria (SAT) prácticamente nunca pudo cobrarles impuestos durante siete años, se les perdonaron más de 46 mil millones de pesos.
La falta de transparencia y rendición de cuentas ha sido una constante en la implementación de este tipo de programas, y sus beneficiarios suelen recurrir a los tribunales mexicanos para impedir que se conozca cuánto les fue perdonado. Desde febrero de 2017, Fernando Silva, Juez Octavo de Distrito en Materia Administrativa del Primer Circuito, ordenó al SAT publicar el nombre de las personas con deudas condonadas en el periodo 2007-2015. A partir de ese momento, distintos bancos y corporativos iniciaron una batalla judicial para impedir que la sentencia dictada a favor de Fundar, Centro de Análisis e Investigación sea cumplida.
En diciembre de 2013, el propio SAT recomendó que este tipo de políticas no se repitan y, en caso de volver a utilizarse, se diseñen con controles suficientes para evitar la evasión fiscal. De acuerdo con esta autoridad, las amnistías deben percibirse como un evento único y extraordinario, pero en caso de que sea necesario condonar impuestos nuevamente –tras un análisis costo-beneficio a profundidad– debe restringirse el acceso a los contribuyentes reincidentes.[1]
Implementar un nuevo programa de amnistía repercutirá de manera negativa en los niveles de confianza hacia nuestras autoridades e incentivará la evasión fiscal. De llevarse a cabo, la próxima administración debe justificar su pertinencia considerando los altos niveles de desigualdad que existen en nuestro país y la poca progresividad de nuestro sistema tributario, además de restringir el acceso a este beneficio a quienes ya se les haya condonado impuestos y a quienes no hayan sido fiscalizados por las autoridades.
Consulta la investigación sobre el tema en ESTA PÁGINA.
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