Logran suspensión contra Tren Maya comunidades indígenas de Campeche
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El Poder Judicial de la Federación otorgó la suspensión provisional al considerarse que hubo irregularidades en la realización de la consulta sobre la obra
Por: Samuel Ortiz
Ciudad de México.- Las comunidades indígenas de los pueblos Maya Peninsular y Ch’ol, asentados en Campeche, obtuvieron una suspensión provisional por parte del Poder Judicial de la Federación para evitar la construcción del Tren Maya, al considerarse que hubo irregularidades en la realización de la consulta que definiría la aprobación del proyecto.
En un comunicado, se dio a conocer que dicho resultado se obtuvo el pasado 14 de enero, a través una solicitud de amparo promovida en el Juzgado Primero de Distrito del estado.
Representantes del Consejo Regional Indígena y Popular de Xpujil (CRIPX) destacaron que la solicitud de amparo que presentaron el pasado 6 de enero del 2020 “la simulada y fraudulenta consulta indígena ordenada por el ejecutivo federal y ejecutada en perjuicio de los pueblos indígenas de Campeche, Yucatán, Quintana Roo, Tabasco y Chiapas”.
Señalaron que nunca recibieron información previa detallada, ni se respetó el derecho de participación toda vez que la estructura de los foros fue diseñada e implementada de manera unilateral, “sus formas y modos no fueron acordes con la toma de acuerdos de las comunidades”.
Por ello, llamaron a los otros pueblos “afectados por el Tren Maya, a que agoten la vía jurisdiccional para defender su derecho a una verdadera consulta, a la integralidad de sus tierras y territorios, y a la autonomía y libre determinación”.
“Estamos no en contra del tren, ni en contra del desarrollo, pero sí estamos para velar nuestros derechos, el derecho de nuestros pueblos, porque yo como indígena Ch’ol veo la afectación y problemáticas que hay en mi comunidad”, dijo Ernesto Martínez, defensor comunitario del (CRIPX).
En diciembre pasado, el gobierno federal presentó los resultados de la consulta a pueblos indígenas de Yucatán, Quintana Roo, Chiapas, Tabasco y Campeche, donde se informó que aprobaban el proyecto de Tren Maya.
El Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur) había indicado en días pasados que con los avances en los proceso de licitación se preveía que la construcción de esta obra comenzar el próximo 30 de abril.
Señalaron que nunca recibieron información previa detallada, ni se respetó el derecho de participación toda vez que la estructura de los foros fue diseñada e implementada de manera unilateral, “sus formas y modos no fueron acordes con la toma de acuerdos de las comunidades”.
Por ello, llamaron a los otros pueblos “afectados por el Tren Maya, a que agoten la vía jurisdiccional para defender su derecho a una verdadera consulta, a la integralidad de sus tierras y territorios, y a la autonomía y libre determinación”.
“Estamos no en contra del tren, ni en contra del desarrollo, pero sí estamos para velar nuestros derechos, el derecho de nuestros pueblos, porque yo como indígena Ch’ol veo la afectación y problemáticas que hay en mi comunidad”, dijo Ernesto Martínez, defensor comunitario del (CRIPX).
En diciembre pasado, el gobierno federal presentó los resultados de la consulta a pueblos indígenas de Yucatán, Quintana Roo, Chiapas, Tabasco y Campeche, donde se informó que aprobaban el proyecto de Tren Maya.
El Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur) había indicado en días pasados que con los avances en los proceso de licitación se preveía que la construcción de esta obra comenzar el próximo 30 de abril.
Las comunidades indígenas de los pueblos Maya Peninsular y Ch’ol informaron que con el amparo ganado se acordó la suspensión provisional “para que las cosas se mantengan en el estado en que se encuentran, esto es, para que las autoridades responsables con independencia al resultado de la consulta realizada en relación al denominado Tren Maya, se abstengan de decretar la aprobación de dicho proyecto, o bien, se abstengan de realizar actos tendientes a la ejecución hasta que se resuelva sobre la suspensión definitiva”.
En la demanda de amparo, las comunidades señalan directamente como autoridades responsables al presidente de la república, Andrés Manuel López Obrador; al director del Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur), Rogelio Jiménez Pons; a la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, y al director general del Instituto Nacional de Pueblos Indígenas (INPI), Adelfo
Regino Montes. “En el amparo que presentamos denunciamos que el proceso de consulta se llevó a cabo sin cumplir con los estándares internacionales que marca el Convenio 169 sobre Pueblos Indígenas y Tribales en Países Independientes, de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), del cual el Estado mexicano es parte, así como en contravención de lo que señala la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH)”, dijeron en un comunicado.
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