LA PAZ EN MEXICO ES UNA TAREA COELCTIVA: ROSA ICELA RODRÍGUEZ

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Por redacción

•             Se han detenido más de 66 mil integrantes de bandas delictivas

•             No vamos abandonar la responsabilidad de proteger a los 50 municipios  con mayor incidencia en homicidios

•             Se han afectado estructuras operativas y financieras de grupos criminales

•             La Guardia Nacional, cuerpo de seguridad necesario para proteger a la población

La construcción de la paz en México es una tarea colectiva que demanda inclusión, corresponsabilidad y trabajo coordinado señaló la secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, Rosa Icela Rodríguez Velázquez.

Destacó que con la Estrategia de Seguridad del Gobierno de México se han detenido 66 mil 452 integrantes de bandas delictivas, incluidos 6 mil 423 de organizaciones criminales, de éstos 2 mil 459 eran objetivos prioritarios.

Contundente afirmó que el gobierno federal no va a abandonar su responsabilidad de proteger a los 50 municipios  con mayor incidencia en homicidios.

Enfatizó que enero  a octubre de este año hubo una reducción del 12 por ciento de este ilícito en aquellos ayuntamientos en comparación con las cifras que se observaron en ese mismo periodo de 2021.

La funcionaria compareció ante la Comisión de Seguridad Ciudadana de la Cámara de Diputados con motivo de la Glosa del Cuarto Informe de Gobierno del Presidente Andrés Manuel López Obrador.

En el salón Verde de la Cámara Baja, dejó claro que el Ejército, la Marina y la Guardia Nacional seguirán realizando tareas de seguridad, aunque algunos legisladores estén en desacuerdo.

Hizo un reconocimiento a la Guardia Nacional que, afirmó, es un cuerpo de seguridad de alcance nacional, eficiente, capaz y  disciplinado, necesario para proteger a la población.

La funcionaria entregó resultados a las y los legisladores. Informó que el secuestro retrocedió 68.1%, y que de junio de 2019 a octubre de este año, se detuvo a más de 4 mil 700 personas vinculadas a este delito,  desarticulándose a 536 bandas, y se rescató a más de 2 mil víctimas.

El feminicidio bajó un 20.8% respecto a diciembre de 2018, mientras que el robo en todas sus modalidades registró un descenso de 27% en el mismo periodo; el robo de vehículo disminuyó en 46%; a transportista 38%; a transeúnte 32% y a casa habitación 33%.

Con el Plan Caseta Segura, de enero de 2020 al 1 de diciembre de 2022, se evitó la pérdida de 40 mil 555 millones de pesos y se garantizó la seguridad de quienes transitan por el sistema carretero nacional.

Dijo que los delitos del fuero federal han ido a la baja: financieros 77%; patrimoniales 66%; fiscales 69% y robo de hidrocarburos 92.2%

A pesar de que los legisladores del PAN y PRD, particularmente, negaban los logros en materia de seguridad del gobierno de la 4T, la secretaria informó que de diciembre de 2018 a noviembre de 2022  se afectaron las estructuras operativas y financieras de todos los grupos criminales por más de 35 mil millones de dólares.

Al 30 de noviembre pasado, se destruyeron mil 166 laboratorios clandestinos, se aseguraron 34 mil 357 armas de fuego, más de 17.5 millones de cartuchos y 2 mil 400 granadas, además, 5.8 toneladas de fentanilo, 176.8 de metanfetaminas, 104.4 de cocaína, 1.4 de heroína y se erradicaron 47 mil 844 hectáreas de amapola y 7 mil 866 toneladas de mariguana.

Frente a la demanda de las y los legisladores de entregar más recursos a los gobiernos municipales para que sean destinados a la seguridad, Rodríguez Velázquez dio a conocer que el Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento Municipal (FORTAMUN) será mayor en un 19% respecto a 2022, es decir, 113 mil 849 millones de pesos para el próximo año.

Mientras que el Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública (FASP) será de 8 mil 786.9 millones de pesos, lo que representa un incremento de 10.1 %, respecto a 2022.

Esto, indicó, permitirá fortalecer las capacidades, el equipamiento, la tecnología e instalaciones de las instituciones de seguridad pública.

Al inicio de su comparecencia, destacó que 3 mil 898 personas quedaron en libertad, de los cuales 3 mil 696 fueron preliberados, mujeres, adultos mayores, indígenas, enfermos terminales y víctimas de tortura; además 202 fueron liberadas por amnistía.

Por instrucción presidencial, en coordinación con el Consejo de la Judicatura Federal y la Secretaría de Gobernación (SEGOB), se analizan los casos de personas privadas de la libertad para identificar aquellas susceptibles de pre-liberación.

Así también informó que en lo va de la administración se trasladaron de centros estatales a penales federales 8 mil 592 personas generadoras de violencia, lo que permite la gobernabilidad en esos penales.

Respecto de los altos costos en el sistema penitenciario, señaló que se logró una renegociación de contratos, con lo  se ha permitido ahorrar más de 5 mil 140 millones de pesos, por la reducción del 15% en el pago anual del servicio integral de capacidad penitenciaria.

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