Acusan empleados del TSJDF corrupción heredadas en tiempos de la 4T
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Mandos altos y medios de la Defensoría Pública del Área de Delitos No Graves mantienen una red de abogados sin cédula profesional que venden al mejor postor las condenas de personas de escasos recursos
Redacción: Pixel Media 4.0
México.- Empleados de la oficina de Defensoría Pública del Área de Delitos No Graves del Tribunal Superior de Justicia de la CDMX, denunciaron que a pesar de las promesas de combate a la corrupción de la cuarta transformación, y de una cascada de recomendaciones por parte de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF) que se publicaron desde el año 2000, aún imperan prácticas de corrupción en prejuicio de los procesados de escasos recursos.
Un grupo de trabajadores acusan al Director de Defensoría Pública de la Dirección General de Servicios Legales, Francisco Javier Camacho Rosas y a la Subdirectora del Área Penal, Betzabeth Liliana López Valentín de mantener y encabezar una red de abogados sin cédula profesional que venden al mejor postor las condenas de personas que se ven implicadas en problemas legales.
El caso Marcial Pineda
Marcial Pineda Pineda llegó a su trabajo en la oficina de Defensoría Pública del Área de Delitos no Graves en el Tribunal Superior de Justicia de la CDMX, mejor conocido como Ciudad Judicial en la capital mexicana, el cuerpo le exigía café pues la madrugada de ese jueves había dormido muy poco, tan solo 3 horas y el resto de la semana había sido el mismo caso, era la mañana del 09 de mayo del 2019.
Agobiado por el exceso de trabajo, prefería sacrificar algunas horas de sueño a ser cambiado de adscripción, todos en su oficina sabían que si no dabas el ancho con la “jefa” ésta podía disponer de tus servicios. Pineda recordó a Gutiérrez, un “compa” de la chamba que había sufrido ese estigma y fue cambiado de adscripción que no correspondía con su perfil laboral y que le quedaba muy lejos de casa.
Mientras caminaba a su centro de trabajo, se miró en el reflejo de un auto y le sorprendió una sombra negra detrás de él, giró la cabeza por encima de su hombro pero no vio nada.
Como todos los días compró un café con leche a Doña Trini, ella vende pan y tamales a los desmañanados junto al puesto de periódicos en la Esquina de Niños Héroes y Claudio Bernard, en la colonia Juárez de la CDMX. Mientras daba el primer sorbo a su café caliente, recordó las quejas de sus compañeros por el maltrato laboral que recibían de sus superiores, a veces pensaba que eran exageradas las quejas. Entonces, sintió el primer toque de la muerte que lo acechaba, un ligero pinchazo al corazón pero no le dio importancia, pues había sentido ese síntoma desde hace meses.
En una televisión vieja se transmitía la señal del matutino de la mañana, ahí apareció la Presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF), Nashieli Ramírez Hernández, reconociendo que existía una deuda social con las y los Defensores Públicos que desempeñan su labor pese a condiciones técnicas y materiales precarias, así como con exceso de carga de trabajo, durante su participación en el Foro “La Defensoría Pública en la Ciudad de México, un nuevo modelo de acceso a la justicia” que se llevó a cabo el 7 de mayo, la imagen le pareció una mala broma del destino.
Después de saludar a los “cuates de la chamba”, le sorprendió que en su mesa de trabajo hubiese una orden firmada por la entonces Jefa de Unidad Departamental de Delitos No Graves, Betzabeth Liliana López Valentín, que le informaba que debía cubrir la guardia del fin de semana. Su primera impresión fue una maldición, pues se irían al carajo sus planes de salir y festejar a su mamá, pues el Día de las Madres estaba en vísperas, además de no recibir ninguna remuneración por este trabajo extra.
De pronto vino el segundo pinchazo al corazón, pero esta vez con un sudor frío que le recorrió toda la espina dorsal, se llevó la mano al pecho y se desplomó torpemente en su desvencijada silla, volvió a ver la sombra ahora de frente, pensó en su familia y después no supo nada.
Cuando reaccionó supo que fue llevado de emergencia a la unidad del ISSSTE que está a espaldas de su trabajo para que lo atendieran, el médico que lo diagnosticó le hizo una clara observación, debía descansar pues su salud se encontraba deteriorada por los altos niveles de estrés y cansancio a los que estaba expuesto su cuerpo, y lo mandó a casa.
Marcial, una vez repuesto, regresó a su oficina para hablar con “la jefa” exponer su caso y pedir un cambio de área para que su salud no siguiera empeorando y no perder estabilidad laboral, pero su petición no fue atendida, a partir de la guardia de ese fin de semana sus compañeros de trabajo lo recuerdan con una cara demacrada, ceniza y con una sombra más larga de lo normal, un mes más tarde falleció.
El día que incineraban el cuerpo del “lic”, como le decían sus compañeros de cariño, la jefa Betzabeth fue ascendida a Subdirectora del Área Penal por el actual Director de Defensoría Pública de la Dirección General de Servicios Legales, Francisco Javier Camacho Rosas, que además le concedió el control del Despacho de la Defensoría Publica en general.
Personal de la oficina de Defensoría Pública del Área de Delitos No Graves denunciaron a Pixel Media 4.0 que con este nombramiento las viejas prácticas de corrupción no terminaron sino que incluso incrementaron a pesar de que existen cuatro recomendación de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF), sobre el tema: 04/2000, 12/2011, 10/2014 y 01/2016 y el Informe Especial sobre la Defensoría de Oficio del Distrito Federal que desde el 2006 reconoce el problema de las condiciones laborales, exceso de horas extra sin remuneración económica, cargas de trabajo, escasez de recursos materiales y de personal capacitado.
Otros mandos, mismas mañas
Los trabajadores de la oficina de Defensoría Pública del Área de Delitos No Graves señalaron que desde sexenios anteriores se practicaba un fenómeno conocido como “abogados cachirulos” individuos que prestaban servicios de defensoría que exigían dinero a sus representados que al final del proceso terminaban en prisión, entre más pobre fuera el representado mayor probabilidad tenía de terminar su proceso en un calabozo. Estos abogados carecían de cédula profesional y en realidad vendían la sentencia del inculpado, este caso fue ampliamente documentado por Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad MCCI, http://bit.ly/2VjlGcM
De acuerdo con la investigación periodística de MCCI, titulada Justicia desigual en México, defienden a los más pobres pero no son abogados, señala que en el 2016, en la CDMX había 444 abogados de oficio para brindar defensoría legal gratuita a los ciudadanos de escasos recursos.
De ellos, 91 fueron contratados sin que contaran con cédula profesional, 71 de ellos lograron tramitarla a lo lergo de décadas y otros 20 siguen sin cumplir con ese documento para laborar, el caso más antigüo era de un abogado “patito” que entró a resolver asuntos desde 1979 y el más reciente fue en 2015, de acuerdo con el medio digital.
A la llegada del gobierno de la cuarta transformación y con la promesa de terminar con las prácticas de corrupción de otros tiempos, estas situaciones no han terminando, sino que se han consolidado en la 4T.
Los empleados de esta dependencia acusan que Betzabé Liliana López Valentín, controla personas sin nombramiento y sin cédula profesional a los que ha encumbrado como jefes de reclusorios, instalándolos en áreas penales y delitos no graves con el objetivo de asignar defensores a modo y así lograr vender acuerdos preparatorios en perjuicio de personas que no tengan recursos con que afrontar un problema legal.
Los trabajadores de la Defensoría Pública del Área de Delitos no Graves en el Tribunal Superior de Justicia de la CDMX, además afirmaron que el actual Director de Defensoría Pública de la Dirección General de Servicios Legales, Francisco Javier Camacho Rosas, está ignorando la recomendación más reciente de la CNDHDF 16/2018 dirigida a la Consejería Jurídica y de Servicios Legales donde se conmina a buscar estrategias y políticas adecuadas para el desempeño de los defensores y terminar con la corrupción y desigualdad procesal para los acusados de bajos recursos.
fhv
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