Critican intelectuales gobierno de AMLO por acusar a académicos

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Mientras la FGR busca penas de hasta 40 años de cárcel y reclusión inmediata en Almoloya para académicos denunciados por Conacyt

México.- El gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador mantiene una acusación contra científicos y profesores universitarios de violar una ley que prohíbe a los miembros de un consejo asesor recibir dinero de un fondo del gobierno para la ciencia. Al respecto, la Fiscalía General de la República (FGR) busca penas de hasta 40 años de cárcel para los 31 académicos denunciados por el Conacyt, además pide que sean recluidos en un penal de máxima seguridad y que se les detenga de inmediato para evitar que destruyan evidencia o se den a la fuga.

Así lo consigna el resumen de la acusación de 92 páginas que la FGR envió en agosto pasado a un juez federal para solicitar las órdenes de aprehensión en contra de los científicos y académicos. Aunque el juez ha negado en dos ocasiones concederlas, la Fiscalía anunció ayer que las solicitará por tercera ocasión consecutiva.

Pero esa ley fue aprobada en 2019, y los científicos recibieron los 2,5 millones de dólares antes, cuando era legal. El dinero tenía como fin promover discusiones científicas, y aquellos involucrados han negado que los fondos fueran ilegales o se utilizaran de forma indebida.

Un juez en la prisión del Altiplano rechazó el miércoles la solicitud de los fiscales de emitir órdenes de arresto contra los académicos. Pero todo el episodio dio peso a las acusaciones de que el gobierno de López Obrador ha tratado de politizar la vida académica en México.

Enrique Graue, el rector de la Universidad Nacional Autónoma de México, señaló que los cargos eran “un despropósito” y “algo inconcebible”.

No ayuda el hecho de que el fiscal general de México, Alejandro Gertz Manero, decidió presentar los cargos más graves posibles —como lavado de dinero, crimen organizado y malversación— contra personas que no tienen antecedentes criminales y que son respetados en sus profesiones, y trató de enviarlos a la prisión más temida del país, que normalmente es utilizada para los capos del narcotráfico.

Hay espacio disponible en la prisión del Altiplano debido a la política de López Obrador de ya no perseguir a los líderes narcotraficantes. Que los académicos deban estar allí es otra cuestión.

La oficina de Gertz Manero defendió los cargos el miércoles, señalando que los académicos “utilizaron recursos federales destinados a la investigación científica para favorecer a dicha empresa privada en su compra de muebles, vehículos, inmuebles, salarios y servicios directos”.