Abre FGR investigación contra candidato del PRI y de MC en Nuevo León

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Adrián de la Garza, candidato priista, es investigado por la entrega de una denominada “tarjeta rosa” y Samuel García de MC, por recibir aportaciones en dinero o en especie utilizadas, en forma ilegal para fines electorales

Por redacción

México.- La Fiscalía General de la República informó el lunes sobre la apertura de carpetas de investigación en contra del candidato priista a la gubernatura de Nuevo León, Adrián de la Garza, y contra Samuel García, también candidato a gobernador, por Movimiento Ciudadano.

A través de un comunicado, la FGR explicó que las indagaciones están a cargo de la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales.

En el caso de De la Garza, se le investiga por solicitar el voto femenino a su favor, a cambio de la entrega de una denominada “tarjeta rosa”, que permite obtener dinero, una vez que dicho candidato gane las elecciones para gobernador del estado de Nuevo León, lo cual significa la compra y coacción del voto, especifica el documento.

La fiscalía indicó que la carpeta de investigación, junto con todas las pruebas que ya se han recabado, se judicializará en breve, ante la autoridad correspondiente.

Por otro lado, la investigación contra Samuel García se abrió luego de que la FGR recibiera denuncias diversas, la última de las cuales proviene de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda en contra del candidato, de su padre Samuel “G”; de su esposa Mariana “R”; y del padre de ésta, Jorge “R”.

El órgano autónomo detalla que se les asocia con hechos presuntamente delictivos, señalados en el artículo 15 de la Ley General en Materia de Delitos Electorales, que se refiere a aportaciones en dinero o en especie, así como fondos o bienes de origen ilícito, utilizados, en forma ilegal, para fines electorales.

En el comunicado, la Fiscalía General de la República asegura que dio “respuesta inmediata a un gran número de denuncias ciudadanas, en el sentido de que se está violentando el artículo 19 de la Constitución Mexicana, que ordena prisión preventiva oficiosa por el uso de programas sociales con fines electorales, lo cual se ratifica en el artículo 7, fracción VII, y 6 de Ley General en Materia de Delitos Electorales, así como en el artículo 167 del Código Nacional de Procedimientos Penales”.