Los 3 riesgos sobre la reforma a Ley de Pemex

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Riesgo en reforma a Ley de Pemex: mayor interferencia política, menores contrapesos y exclusión de la sociedad

Redacción: Pixel Media 4.0

México.- Tras la propuesta de Morena en la Comisión Permanente del Congreso de la Unión sobre la reforma a la Ley de Petróleos Mexicanos (Pemex), organizaciones civiles aseguraron que este documento presenta al menos tres puntos de riesgo.

De acuerdo con México Evalúa y Ombudsman Energía México, las modificaciones pretenden garantizar al Ejecutivo federal, a través del Director General de Pemex, mayor control sobre la labor estratégica y operativa de la empresa y debilitar al Consejo de Administración para los procesos de toma de decisiones.

“Observamos que dicha iniciativa modifica sustancialmente los objetivos y la conformación del órgano de gobierno de Pemex, concentra las decisiones en una sola figura de forma personal, afecta a los mecanismos de transparencia y rendición de cuentas excluyendo a la sociedad en los procesos de toma de decisiones” dijeron las organizaciones.

Ante esto, enlistaron tres razones por las que de aprobarse el texto tal y como se ha presentado ante el órgano legislativo, habría riesgos inminentes para Pemex, para la sociedad y para el país

Una excesiva centralización del poder y proceso de toma de decisiones en la figura del Director de Pemex podría eliminar contrapesos y equilibrios internos en esta empresa, los cuales son necesarios para la deliberación sobre asuntos con importantes impactos económicos, sociales, y medio ambientales. Esto atenta contra la transparencia e invita a la discrecionalidad y la corrupción en una sola figura.
La incorporación de soberanía y seguridad energética como principios que debe perseguir Pemex generarían una gran incertidumbre jurídica respecto del papel de Pemex en el modelo energético actual, pues se contrapone al mandato legal de la Secretaría de Energía de regir la política energética del país.
La introducción de elementos que fortalecen la interferencia política podría desincentivar la promoción de la transparencia y la mejora de mecanismos internos para combatir la corrupción y mejorar la rendición de cuentas.
Darle al director general facultades para modificar el Plan de Negocios por razones políticas, emitir lineamientos para el otorgamiento de pagos extraordinarios, donativos y donaciones, podría incrementar el riesgo de corrupción y disminuir el apego a los principios de transparencia y competencia que establece la Constitución.