En 5 meses de proceso electoral, 90 hechos de violencia política en México
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Por edsson Monterrubio
Un informe presentado por Integralia señala que, entre septiembre de 2020 y el 28 de febrero de 2021, que abarca el inicio del proceso electoral, hubo 90 incidentes de violencia política, con 108 víctimas en México, de las cuales 75 fueron mortales.
En el periodo señalado, Integralia contabilizó 75 asesinatos de 18 funcionarios municipales, 11 aspirantes a elección popular, 7 funcionarios federales y estatales, 6 activistas, 4 ex funcionarios, 4 periodistas, 3 ex presidentes municipales, 3 presidentes municipales, 3 líderes partidistas, 2 legisladores locales, 2 ex candidatos, 2 jueces y 10 tipificados como “otros”.
De acuerdo con la información, parte de los incidentes los llevan a cabo miembros del crimen organizado que buscan coludir o controlar a gobiernos locales para control de mercados ilícitos (huachicoleo, tráfico de drogas, extorsión, etc).
La violencia política se refuerza por los altos niveles de descoordinación que existen entre agencias de seguridad y niveles de gobierno, que dejan vulnerables a autoridades y actores políticos frente al crimen organizado, así como por los altos niveles de impunidad.
Igualmente destaca que un alto porcentaje de estos incidentes se ha registrado en municipios de menos de 100 mil habitantes, alejados de los centros urbanos y con poca presencia de fuerzas federales.
Destacaron los asesinatos de la ex presidenta municipal de Cosoleacaque, Gladys Merlín Castro, que fue asesinada a mediados de febrero al igual que la precandidata a la presidencia municipal de Cosoleacaque, Carla Enríquez Merlín. El 4 de febrero, el presidente municipal de Chahuites, Oax, Leobardo Ramos Lázaro, fue asesinado. Por último,l 24 de febrero, el secretario de Desarrollo Social de Puerto Morelos y precandidato en Q. Roo. Ignacio Sánchez Cordero, fue asesinado.
En este sentido, el 4 de marzo, la secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, Rosa Icela Rodríguez, presentó la estrategia del gobierno federal para ofrecer protección a candidatos amenazados durante el proceso electoral 2020-2021.
Si bien el anuncio es una señal positiva, la estrategia tendrá un inicio tardío y será difícil de implementar, dada la magnitud de estas elecciones (más de 3,500 cargos en disputa) y que muchos de los candidatos en riesgo se encuentran en comunidades alejadas con poca presencia de fuerzas federales.
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