Fonatur asegura no haber recibido ninguna notificación hasta ahora

Por: Redacción Pixel Media 4.0

México.- El Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur) no ha sido notificado aún de la suspensión provisional del Tren Maya concedida por el Juzgado Primero de Campeche a comunidades de Calakmul.

En el sitio web del Poder Judicial de la Federación de una demanda de Amparo promovida por Ernesto Martínez Jiménez, realizada en el estado de Campeche, reclamando la consulta y aprobación del proyecto denominado Tren Maya, derivado de la consulta indígena ordenada por el Poder Ejecutivo Federal.

En donde señalan como autoridades responsables: al C. Presidente de la República de los Estados Unidos Mexicanos, Licenciado Andrés Manuel López Obrador, al Director del Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur), Arquitecto Rogelio Jiménez Pons, a la Secretaria de Gobernación (SEGOB) Licenciada Olga Sánchez Cordero, al Director General del Instituto Nacional de Pueblos Indígenas (INPI), Adelfo Regino Montes, el Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur).

El Centro Mexicano de Derecho Ambiental (Cemda) dio a conocer que comunidades indígenas pertenecientes al pueblo Maya Peninsular y Ch’ol, asentados en Xpujil, Calakmul, Campeche, integrantes del Consejo Regional Indígena y Popular de Xpujil (CRIPX), lograron la suspensión provisional del Tren Maya, luego de presentar un amparo por violaciones a sus derechos durante la consulta indígena ordenada por el gobierno federal.

El Cemda expone que la autoridad judicial en Campeche ordenó a las autoridades abstenerse de decretar la aprobación de dicho proyecto, o bien, al haber sido decretada dicha aprobación, abstenerse de realizar actos tendientes a la ejecución de dicho proyecto, hasta que se resuelva sobre la suspensión definitiva.

La solicitud de amparo fue presentada el 6 de enero del 2020 y denuncia “la simulada y fraudulenta consulta indígena ordenada por el Ejecutivo federal y ejecutada en perjuicio de los pueblos indígenas de Campeche, Yucatán, Quintana Roo, Tabasco y Chiapas”, así como la “ilegal consulta y aprobación del proyecto denominado Tren Maya, cuya acción se realizó en flagrante violación a nuestro derecho humano a que se garantice una consulta previa, libre, informada, de buena fe y culturalmente adecuada”.

En el amparo se denuncia que el proceso de consulta se llevó a cabo sin cumplir con los estándares internacionales que marca el Convenio 169 sobre Pueblos Indígenas y Tribales en Países Independientes, de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), del cual el Estado mexicano es parte, así como en contravención de lo que señala la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

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